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									DadosBET Foro - Últimos Mensajes				            </title>
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                        <title>16 días de activismo: una oportunidad para visibilizar la violencia de género</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:59:39 +0000</pubDate>
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Este 25 de noviembre, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales a desarrollar acciones de sensibilización social. Aprovechando la efeméride, desde Grow proponemos hacer un breve repaso por los tipos de violencia existentes porque para transformar la realidad, primero hay que conocerla.
La agenda de género en la legislación argentina
Además de los distintos compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la «Convención de Belem do Pará», nuestro país con la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en el 2009.
Esta normativa no solo define los distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica) sino también las modalidades en las que se manifiesta (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática). Sin embargo, más allá de las denominaciones, es importante considerar que muchas veces estos tipos de violencia se dan en paralelo y en los distintos ámbitos en los que las mujeres desarrollan sus vidas.
En este sentido, desde Grow hemos podido observar cómo la violencia laboral afecta en mayor medida a las mujeres, ocasionando un impacto negativo en sus posibilidades de desarrollo profesional y personal.
Violencia laboral contra las mujeres
Según la ley 26.485 se entiende por violencia laboral a “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo” e incluye “quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función”. Si nos detenemos en este último punto, actualmente existe una brecha salarial del 30% en los trabajos formales y de un 35,6% en los informales, en perjuicio de las mujeres (Observatorio de Políticas de Género y Sindicatura de la Nación, 2021).
Pero además, los datos permiten observar que las mujeres están más expuestas que los varones a la violencia laboral. Según una encuesta realizada por Grow junto a Bumeran, Avon, Nodos, y Ela (2020), el 80% indicó que sufre o sufrió violencia y/o acoso en el ámbito laboral y un 36% afirmó haber recibido un trato desigual en comparación con sus pares varones.
Ante este escenario, vale mencionar que Argentina ratificó el Convenio 190 de la OIT para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que reconoce la existencia de grupos más expuestos a situaciones de violencia laboral por razones de género, como las mujeres y personas de otras identidades. Avanzar en esta dirección y desde esta perspectiva, significaría un gran avance en el camino hacia una vida libre de violencias.]]></content:encoded>
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                        <title>En 2022 hubo 252 femicidios en la Argentina, según las cifras oficiales</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:58:29 +0000</pubDate>
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Un total de 252 femicidios, entre ellos 26 vinculados y 7 trans-travesticidios, fueron cometidos en el país durante el 2022, lo que promedia un crimen por motivos de género cada 35 horas. Representa casi la misma cifra que la de 2021, según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El relevamiento se realiza desde el 2015 en base a las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género y aporta las cifras oficiales que se utilizan como referencia para la elaboración de políticas públicas.
Además del informe oficial, existen estadísticas elaboradas por distintas organizaciones feministas: La Casa del Encuentro, Ahora que Así Nos Ven, Mumalá y el Observatorio Lucía Pérez que realizan relevamientos mensuales sobre femicidios. Los tres observatorios obtienen la información a partir de publicaciones periodísticas.
Las cifras del relevamiento de la Corte, que recopiló 220 causas judiciales, son muy similares a las de 2021, cuando hubo 251 femicidios, entre los que se incluyeron 20 vinculados y 5 trans-travesticidios.
De esta forma, se consolidó una baja en la estadística en comparación con los cuatro años anteriores: en 2020, hubo 287 femicidios; en 2019, 276 casos; en 2018, 281; y en 2017, 277.
Según la estadística de la Corte, durante el 2022 se registraron 226 femicidios directos, entre los que hubo 219 mujeres cis víctimas y 7 trans-travesticidios.
Estos hechos provocaron, a su vez, que 234 personas quedaran huérfanas, de las cuales 227 son niños, niñas o adolescentes. Además, en el 88% (214 casos) de los asesinatos, la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el autor del hecho y en el 59 % de los casos era la pareja o expareja de la mujer asesinada.
Si se tiene en cuenta la modalidad del hecho, el 27 por ciento (61 casos) de las mujeres fueron asesinadas mediante el uso de armas blancas, el 24 por ciento (54) por la fuerza física de su agresor, mientras que el 23 por ciento (52) como consecuencia de la utilización de armas de fuego.
La estadística de la CSJN destaca que el 76 % (171 casos) de los crímenes ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, 30 casos tuvieron lugar en una situación de violencia sexual o de trata de personas, mientras que 4 casos sucedieron en un contexto de discriminación por orientación sexual o de identidad de género.
Dentro de las características principales de los 226 femicidios directos, en lo que refiere al rango etario, 167 tenían entre 18 y 59 años, 43 tenían más de 60 años y otras 43 tenían menos de 17 años. Esto evidenció un promedio de edad de 41 años, cuatro años mayor al promedio registrado en 2021.
En lo que refiere a la interseccionalidad de las víctimas, 17 mujeres asesinadas por femicidio eran migrantes, 9 se encontraban ejerciendo la prostitución, 6 presentaban problemas de salud mental, 6 estaban embarazadas y 3 tenían una discapacidad.
Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 38 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra sus agresores, de los cuales 40 se suicidaron tras cometer el crimen.
“En al menos 96 hechos, el 39 por ciento, se presentaron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio, esto es, en casi 2 de cada 5 vínculos donde hubo un femicidio directo, había antecedentes de violencia de género en el año 2022 en Argentina”, precisa el informe.
Por otra parte, solamente 23 de los 236 femicidas tenían antecedentes psiquiátricos. Otro dato que destaca el informe es que 18 de los imputados formaban parte de una fuerza de seguridad, de los cuales 8 utilizaron sus armas reglamentarias para cometer el hecho.
El relevamiento precisa que 104 casos de femicidio directo aún se encuentran en investigación, 16 están en juicio y 4 casos ya tienen sentencia condenatoria, mientras que en 38 oportunidades fueron archivadas (por muerte o suicidio el imputado).
En otro aspecto, la Corte contabilizó 26 femicidios vinculados, los cuales son definidos como “aquellos homicidios cometidos contra una o varias personas, independientemente de su género, a fin de causarle sufrimiento a una mujer cis o a una mujer trans/travesti en un contexto de violencia de género”.
Al respecto, desde la CSJN explicaron: “Cabe advertir que la cantidad de víctimas informadas de travesticidio/transfemicidio y de femicidio vinculado, puede estar subregistrada, ya que para ser una estadística exhaustiva se deberían relevar todas las causas judiciales del país en que se investigan homicidios y averiguaciones de causales de muerte”.
A nivel general, si se tiene en cuenta solo las cantidades en números absolutos, en el 2022 la mayor cantidad de femicidios de Argentina ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (82 casos). Sin embargo, las provincias con mayor tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres fueron Tierra del Fuego (2,43), Chaco (1,93) y Santa Fe (1,74).
Para la Casa del Encuentro hubo más 2500 mujeres que fueron víctimas de femicidios en todo el país desde la aparición del movimiento “Ni Una Menos”, hace ocho años.
El relevamiento, que aglutina sus datos desde el 3 de junio del 2015, puntualiza en el caso de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de ese año en la ciudad santafesina de Rufino y cuyo femicidio dio origen a las marchas del primer “3J”, al contabilizar los 121 crímenes por motivos de género contra adolescentes de entre 13 y 17 años que tuvieron lugar desde aquel entonces.
También la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana dio a conocer sus cifras de femicidios cometidos durante los últimos ocho años, en el que indicó que hubo 2209 asesinatos contra mujeres.
La diferencia en los números de las dos organizaciones, que elaboran sus propias estadísticas con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género basándose fundamentalmente en publicaciones periodísticas, radica en que tienen distintos protocolos a la hora de obtener la información y también a los distintos criterios que utilizan a la hora de considerar un asesinato como “femicidio”.
Según el balance de La Casa del Encuentro, entre junio del 2015 y mayo del 2023 se registró un total de 2554 femicidios, entre ellos 214 vinculados y 58 transfemicidios, los cuales ocasionaron que 2691 hijas e hijos -en su gran mayoría niños y adolescentes- se quedaran sin su madre.
El informe de la organización civil señala que el 61% de las víctimas (1558 casos) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y principalmente en sus propias casas.
A su vez, desde el observatorio indicaron que los distritos con mayores valores absolutos de femicidios fueron la provincia de Buenos Aires (808 casos), Santa Fe (266), Córdoba (199) y Salta (122).
El relevamiento también asegura que el 26 % de las mujeres asesinadas (664 casos) fueron baleadas y que el 21 % (536) murieron a causa de heridas de arma blanca, mientras que el 11 por ciento (281) presentaban indicios de abuso sexual.
Por su parte, la estadística de La Casa del Encuentro añade que el 15 % de las víctimas (383 casos) había realizado una denuncia previa contra su agresor, a la vez que el 5 % (128) pertenecía a un pueblo originario y el 3 % (76) se encontraba en una situación de presunción de trata. Señala también que el 5% de las asesinadas eran migrantes y otro 3 por ciento estaban embarazadas.
Con respecto a la conducta de los femicidas, el informe indica que el 16% (408 casos) de los agresores se suicidó tras cometer el hecho, que el 6 por ciento (153) tenía una medida cautelar en su contra y que otro 6% (153) formaban parte de alguna fuerza de seguridad.
El informe precisa que el 66 % de las mujeres fallecidas tenían entre 19 y 50 años (1685 casos), mientras que detallaron minuciosamente los hechos cometidos contra adolescentes de entre 13 y 17 años.
La organización realizó un análisis en la franja etaria que se corresponde a la edad de Chiara Páez, la joven asesinada en Santa Fe que inspiró el primer Ni Una Menos.
Con este enfoque, contabilizaron un total de 121 femicidios, los cuales en más de la mitad (66 casos) fueron perpetrados por parejas o exparejas de las adolescentes fallecidas.
La Casa del Encuentro resaltó que en un tercio de los hechos las víctimas tenían indicios de haber sido abusadas sexualmente -3 de ellas en una violación grupal- y que 10 de las adolescentes estaban embarazadas. Además, en cuanto a la edad de los femicidas, afirmaron que 12 asesinos eran menores de edad, mientras que 70 de ellos tenían entre 18 y 32 años.]]></content:encoded>
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                        <title>Un disciplinamiento para las militancias populares y para todas las mujeres</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:57:20 +0000</pubDate>
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Este es el hecho más grave desde la recuperación de la democracia. Un hecho de gravedad institucional inusitada, pero que particularmente lo miramos como un mensaje y un intento de disciplinamiento para toda la militancia. Sobre todo, para las mujeres que se atreven a hacer política, a llegar a espacios de liderazgo y a enfrentar poderes económicos.
Es una pedagogía a gran escala de que si te metés en política y si representás intereses populares y sos una mujer, podés terminar con un revólver en la cabeza. Ese revólver en la cabeza a Cristina es un revolver en la cabeza para todas las mujeres, lesbianas, travestis y trans que se animan a dar disputas y a dar debates en sus espacios políticos.
Es un revólver que tenemos todas en la cabeza. Para nosotras la imagen es muy fuerte y es muy fuerte también que se esté repitiendo. Pensamos en qué será ahora, de esas chicas que crecieron viendo la imagen de Cristina en cadena nacional, en la imagen de una mujer fuerte, de una mujer que le contestaba a los poderes fácticos, y que ahora ven que hacer política a esa escala y meterse con esos intereses siendo una mujer te puede llevar a que te pongan un revólver cabeza.
Por supuesto que creemos además que el repudio tiene que ser absoluto. Un repudio que no solamente tiene que ver con Cristina sino con la vida de toda la militancia, con la posibilidad de vivir en un Estado de derecho, en una democracia donde sea posible la movilización popular, la organización y la militancia feminista.
Y, además, creemos que esto tiene que generar un debate profundo. Una de las primeras lecturas que hicieron los referentes de la oposición, con el objetivo de quitarle gravedad al hecho. Fue hablar desde los argumentos más burdos, decir que podía ser algo orquestado incluso por el propio kirchnerismo.
Pero, lo que se instaló, -que para nosotros es lo más nocivo-, es la idea de “el loco suelto”, de alguien aislado que intenta cometer el asesinato. Y eso nos recuerda mucho a las explicaciones que hay cuando nosotras decimos claramente que los femicidios y que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres travestis y trans, contra las lesbianas contra les no binaries se originan en problemas estructurales que después pasan al acto, en el momento en que vemos al femicidio o el travesticidio. Entonces la teoría del loco suelto nos parece muy problemática. Lo que hay que generar es una discusión profunda de cuál es el papel de los medios de comunicación, estigmatizando a las militancias populares y a las líderes populares.
La manera en que se corrieron los límites de lo que se puede decir en nuestra democracia, donde sistemáticamente estigmatizan, produce un discurso de odio. Es un engranaje mediático articulado con referentes de la oposición, pero que también tiene detrás otro poder como el Poder Judicial, que también son parte de este proceso de estigmatización.
Hay que generar un debate profundo, por ejemplo, sobre el rol de los medios. Es inadmisible que se siga dando pauta oficial a los medios que promueven y propulsan los discursos de odio. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber un debate profundo para poder democratizar los medios. Tenemos que salir a decir “no”, a decir “basta”, a poner un límite. Ellos cruzaron el límite, y todo eso que parecía, en el plano de lo discursivo o mediático, ahora pasó al acto material. Para nosotros eso tiene que ser un límite muy grande, porque atrás de esa imagen hay un disciplinamiento muy concreto para todas las militancias populares, para todas las mujeres. Particularmente para quienes se atrevan a representar los intereses populares y a tratar de e intervenir en espacios de estas esferas de la política.
También hubo un despertar de la movilización popular. Por lo menos, de la base más identificada con la figura de la vicepresidenta. Había una militancia que estaba desmovilizada y buscando volver a las calles y recuperar una mística. Esas expresiones de amor en la puerta de la vicepresidenta molestaron mucho al Poder Judicial y a los poderes concentrados. Es algo que ellos no pueden controlar molesta mucho. Me parece que hay que poner este hecho en relación a los discursos de odio, al avance represivo del gobierno de la Ciudad de la semana pasada, a esa escalada en la reacción represiva que tuvieron a ciertas muestras de amor, y que ayer culminó con este intento de magnicidio.
Está el desafío de sumar a esa defensa de la figura de Cristina un programa político que pueda enamorar a más amplios sectores populares. Ese es el desafío. Además de expresar ese amor y esa recuperación de la movilización popular alrededor de la figura de Cristina, asociarlo también a una serie de medidas que vayan a favor de los intereses populares.]]></content:encoded>
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                        <title>Mujeres y madres cuidadoras: la trama del cuidado en la discapacidad</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:56:12 +0000</pubDate>
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Hace pocas semanas una movilización frente a la Quinta de Olivos en la Ciudad de Buenos Aires convocó a personas con discapacidad y a sus familias para reclamar al gobierno nacional que no avance con la desregulación del nomenclador que equipara los aranceles de las prestaciones médicas para distintas obras sociales.
La protesta contó con puntos de concentración en Santa Fe, Córdoba y Mendoza y fue impulsada por el Foro Permanente Discapacidad que agrupa a decenas de ONGs. Desde allí destacaron que la eliminación del nomenclador, que establece valores de referencia, permitiría a cada financiador de salud fijar sus propios aranceles, lo que afectaría la universalidad y calidad de la atención, además de contradecir principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Un común denominador de estas movilizaciones fue la mayoritaria presencia de mujeres y diversidades. El trabajo de cuidado comprende un abanico de actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas. Las tareas como alimentar, abrigar, limpiar, dar apoyo emocional y garantizar el acceso a la salud son acciones que se relacionan con el cuidado de las personas y también con la crianza de niñxs y adolescentxs. Desde la teoría feminista, y con el empuje de la lucha de mujeres y diversidades, se pudo popularizar este aspecto central de la desigualdad de géneros: según el informe “Las Brechas de Género en la Argentina”, las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias.
El estudio fue realizado en 2020 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, un área estatal que ya no está.
En el caso de los hogares donde hay personas con discapacidad, la desigualdad se recrudece porque al mandato de cuidar se le suman otros: el de ser madres buenas, agradecidas y super poderosas.
Laura Alcaide es periodista deportiva y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Integra el colectivo Orgullo Disca y la Asamblea Discas en Lucha. Tiene 34 años y es mamá de tres hijxs de 11, 7 y 3 años, con quienes vive en Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.
Uno de ellxs, Lautaro, tiene discapacidad visual, igual que ella. Para Laura los cuidados y la crianza de personas con discapacidad implican un sistema de opresiones que hay que ver de manera transversal. En diálogo con Tiempo cuenta que como madre (y no padre), tiene determinadas barreras sociales y económicas que se suman a las barreras capacitistas de habitar el mundo. “La forma de habitar el mundo es más compleja y más difícil de transitar de acuerdo a nuestra identidad” asegura.
Laura reflexiona en torno a su múltiple mirada respecto de los cuidados: es mamá con discapacidad y a su vez uno de sus hijxs también es una persona con discapacidad. “Cuando nació mi hijo más grande, nadie cuestionó su nacimiento” cuenta y agrega “Sin embargo, cuando nace un hijo con discapacidad, que se sabe que está naciendo con esa discapacidad, ya no hay una bienvenida”.
Lo que sucede, asegura, es que se empiezan a cuestionar muchas cosas y se inicia una “institucionalización inmediata de esa infancia”. Para Laura un ejemplo de eso es que lxs niñxs desde que nacen o desde que se les diagnostica la discapacidad se la pasan “de terapia en terapia”. Ni siquiera el juego es algo libre: todo se lo menciona como terapias. “Juego-terapia, danza-terapia, equino-terapia, todas actividades terapéuticas ¿Por qué? Porque todavía se nos ve desde la óptica del modelo médico hegemónico rehabilitador. Es decir, un modelo que nos restringe a la enfermedad y que nos ve como cuerpos enfermos a modificar” dice.
Recopila la complejidad de criar personas con discapacidad en distintos ámbitos: laborales, educativos y hasta comunicacionales. “Hay familias que atraviesan el hecho de no conocer otros modos de comunicación que no sean la palabra oral y tienen que encontrar otra forma de comunicarse. Hay muchas cosas que aprender” cuenta. En ese sentido cree que todas esas demandas afectan también la autonomía y la independencia económica de quienes cuidan, aspectos que recaen sobre los cuerpos feminizados en general.
“Acá pongo una lupa importante: veo pocos padres que asuman un rol de cuidado a la par de las madres. Por ejemplo, el papá de mis hijxs trabaja de noche y de día los cuida él. Sin embargo, hay cosas básicas y cotidianas que tienen que ver con el cuidado, como bañarse o saber dónde está su ropa, que él no sabe” cuenta y se pregunta: “Si las tareas de cuidado en este sistema patriarcal recaen sobre los cuerpos feminizados ¿Cuánto más si se trata además de personas con discapacidad?”
Karina Herrera es comunicadora, integra la Red Monomarentales Argentina, que agrupa a mamás criando sin corresponsabilidad paterna. Es militante por los derechos de Personas con Discapacidad, vive en la Ciudad de Buenos Aires y es mamá de Santiago y Julián, ambos diagnosticados a temprana edad como personas dentro del espectro autista.
“En el momento del diagnóstico mi vida cambió. Dejé de ser técnica en turismo y de tener mis desarrollos laborales para ser exclusivamente la mamá de Santiago y de Julián. Aprendí todo lo necesario para cuidarlos enfrentando barreras y muchas injusticias” cuenta en diálogo con Tiempo. “Aprendí todo a los golpes” recuerda.
Karina enumera con avidez resoluciones, leyes y normas que regulan la atención de personas con discapacidad. Las menciona citando sus números, títulos y alcances. En medio de eso, recuerda las violencias que la atravesaron a ella y sus hijos cuando el diagnóstico llegó. “Santiago a los 3 años fue diagnosticado y en el consultorio su papá sólo dijo: a mí no me van a sacar un peso”. Ese día Karina se llenó de preguntas y empezó a buscar ayuda. Así fue que especialistas y profesionales la pusieron en contacto con APAdeA –Asociación Argentina de Padres de Autistas. Ahí, cuenta, la ayudaron a gestionar el certificado de discapacidad y todo el cuidado posterior que devino.
“Me metí en un mundo en el que hay muchas necesidades, barreras y donde las mamás siempre tenemos la culpa de algo” agrega. Ella cree que la sociedad no se hace preguntas en relación a cómo propiciar una buena calidad de vida para quienes tienen una discapacidad. “Nuestra realidad como madres está muy invisibilizada”.
Herrera cuenta que el sistema de salud se limita a clasificar y si las personas con discapacidad no se ajustan a esos parámetros, la respuesta es “andá mamá y arréglatelas con la obra social”. Para ella, el sistema médico público no tiene respuestas ni rápidas ni interdisciplinarias pero el privado se limita a “darte una cartilla para que vos te fijes y armes rompecabezas de terapias, profesionales y presupuestos. Nos volvemos locas gestionando en nebulosas burocráticas la atención de nuestros hijos”, se lamenta.
María Emilia Ruiz es Licenciada en Trabajo Social y vive en el Gran Córdoba. Es madre de dos jóvenxs, uno de ellxs tiene discapacidad motriz. Durante la presidencia de Mauricio Macri perdió su empleo en la Universidad Nacional de Córdoba y apeló a todo su recorrido profesional, comunitario y sobre todo maternal para poner de pie su iniciativa “Hacer Vidas Cuidando” en la que promueve acompañamientos, rondas y talleres para quienes maternan y cuidan hijxs con discapacidad /diversidad funcional. Cuenta que, a sus más de 50 años, puso todas sus energías en inventarse un trabajo con el que puede aportar al cuidado de otras mujeres que están en lugares en los que ella ya estuvo.
“El objetivo de los talleres es generar grupalidad. Son encuentros que tienen un efecto en lo inmediato, pero sobre todo en el mediano y largo plazo porque movemos tramas profundas de nuestras vidas” cuenta a Tiempo. El dispositivo que aborda la maternidad con la particularidad que tiene cuando está atravesada por la discapacidad. “Hacer Vidas Cuidando” lleva 16 ediciones, en las que cientos de mujeres participaron y quedaron integrando una Red Federal en la que comparten vivencias, problemas y muchas veces gestionan soluciones a problemas comunes.
“El objetivo de la Red es que todas somos un recurso para las demás, no solo yo en tanto tallerista” reflexiona Emilia. En ese sentido afirma que “la Red siempre está y es necesaria porque lo que pasamos las mujeres madres cuidadoras de hijxs con discapacidad es muy particular y solo encontramos una verdadera comprensión entre pares”
Emi, que es el nombre que usa para presentarse en sus redes sociales, es mamá de Luana de 24 años y de Fermín de 19. Él nació con una malformación congénita y disfuncionalidad en sus miembros inferiores. Este año comenzó a estudiar Cine en la Universidad Nacional de Córdoba y la felicidad es total, aunque “sea un quilombo que vaya a la facu” dice mientras se ríe. “En mi familia resolvemos, muchas veces a los manotazos, pero creo que los cuidados en situaciones de interdependencia prolongada por la discapacidad deben ser, aún más, un problema a resolver entre varios, no solo algo de las madres” afirma
En un contexto cada vez más hostil hacia los sectores vulnerables, Emi asegura que creció el nivel de desesperación entre las mujeres y familias con las que trabaja. Eso muestra que el sistema de cuidados que dan las políticas públicas es fundamental. Cuando esto no está el Estado te descuida
Ruiz recuerda que es habitual para las madres de personas con discapacidad recibir miradas cuestionadoras. “Muchas veces nos dicen “¿cómo vas a estar cansada? tenés que estar agradecida. Pero nadie agarra un pedazo del trabajo por vos”.]]></content:encoded>
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                        <title>Legisladores del PRO y libertarios proponen prohibir lenguaje inclusivo en escuelas bonaerenses</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:55:02 +0000</pubDate>
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Un proyecto de ley para que se prohíba el uso del lenguaje inclusivo en el Estado y en todo el sistema educativo bonaerense fue presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa de los diputados Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) se presentó en la Cámara baja bonaerense luego de que el Gobierno de la ciudad de Buenos anunciara la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas porteñas. Los legisladores pretenden, además, suprimir el uso de expresiones que incluyen la «e», la «x» o el «@» también en documentos del Estado.
En los fundamentos de la propuesta explicaron que se pretende «evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones que resulten impronunciables verbalmente». Los diputados consideraron que la prohibición resulta necesaria «en el ámbito educativo, porque una deformación del lenguaje puede conspirar contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura».
Castello está referenciado en el diputado nacional José Luis Espert, mientras que Ranzini milita en el PRO dentro del espacio de Cristian Ritondo. Ambos consideraron que el uso del lenguaje inclusivo representa «una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje» y sostuvieron que «el lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno .]]></content:encoded>
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                        <title>Las dos CTA participarán de la marcha federal antifascista del sábado</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:53:54 +0000</pubDate>
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El Secretario General de la CTA de los Trabajadores y Diputado NacionalHugo Yaskycriticó duramente al presidenteMileitras sus declaraciones enDavosy confirmó ambas centrales obreras estarán presentes en la marcha federal antifascista que se llevará a cabo el próximo sábado.
«Creo que es saludable la respuesta que le está dando la sociedad a los dichos del presidente. Esto habla bien de nuestro pueblo.Milei intenta construir todos los días un nuevo enemigo interno y se está cavando su propia fosa«, señaló Yasky en declaraciones radiales.
A su vez, el diputado del Frente de Todos confirmó que «las dos CTA mañana están coordinando la convocatoria para la marcha» y que «el peronismo debería pronunciarse».
«Nadie puede quedar afuera de la convocatoria, nadie puede hacer silencio.En otro país las declaraciones de Milei justificarían un juicio político. Hay sectores del peronismo que han estado en la calle y sería muy importante que todo el espectro político se manifieste ante esta situación, inclusive los que le dieron el voto», afirmó.
Yasky también remarcó necesario construir «un escenario de unidad»: «Hay que reconstituir un tejido multipartidario con un frente amplio de distintos sectores sociales y tener la capacidad de entender cuáles son los puntos de la agenda que son de interés para la gente y cuáles los que no importan».
Por último, le habló a los jóvenes que generaron un cambio de paradigma en los últimos años, otorgándole el voto a Javier Milei.
«Es verdad que hubo sectores de la juventud que lo votaron, peroestoy convencido que esos jóvenes no apoyan vincular la homosexualidad a la pedofilia y negar los femicidios«, cerró.
La marcha
Para este sábado, y luego de la asamblea extraordinaria que se realizó el fin de semana en Parque Lezama, se espera una multitudinaria movilización «antifascista» que partirá desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo.
La marcha está convocada para las 16 por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otras organizaciones del colectivo LGTBIQ+, pero también estarán presentes partidos políticos, grupos feministas y defensores de Derechos Humanos.
Por su parte, la Federación Argentina de LGTB+ pidió que todas agrupaciones del colectivo «se expresen sobre las amenazas y la violencia del presidente (Javier) Milei en Davos y sus redes sociales», mientras que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) aseguró que «la vida está en riesgo» y que no van «al closet nunca más».
«Llamado a la unidad y la acción. Hace pocos días, en el encuentro internacional de Davos, el Presidente anunció que iniciará la eliminación de nuestros derechos. Es tiempo de unirnos y salir a las calles con Orgullo para defendernos en Comunidad», publicó la CHA en sus redes oficiales.En la misma línea, referentes políticos también se pronunciaron a favor de la convocatoria y en contra del discurso de Milei.
Myriam Bregman, del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), señaló «el sábado hay que estar en la calle» porque no se puede permitir «que la discriminación sea política de Estado».Por su parte Esteban Paulón, diputado nacional por Hacemos Coalición, sostuvo que el Gobierno los quiere llevar «al siglo pasado con discursos de odio y leyes reaccionarias» y que «la libertad es ser quien uno es, amar a quien cada quien desea amar» y poder «expresarlo libremente».
«Le decimos (a Milei) que su Gobierno ha profundizado la vulnerabilidad de mujeres y LGBTIQ+ con la eliminación de políticas públicas y sus discursos de odio. Milei niega la violencia que nos mata diariamente y pretende borrar los avances que logramos los feminismos y la sociedad toda en materia legislativa para visibilizar y sancionar el machismo extremo.Violentar las leyes y la Constitución es delito», concluyeron.]]></content:encoded>
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                        <title>Ni Una Menos: “Tenemos las expectativas de que el movimiento feminista vuelva a protagonizar las calles”</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:52:45 +0000</pubDate>
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Febrero fue el mes del reencuentro y marzo el de tomar la calle. Así es siempre con el movimiento de mujeres que desde hace años debate durante semanas para consensuar las acciones y el documento en el confluyen los reclamos en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Desde 2017, el 8M incluye la huelga de mujeres, como un homenaje a esas 129 luchadoras que murieron reclamando por sus derechos, y como una forma de hacerle frente a la violencia patriarcal que se vive día a día. Para este 2022 se espera una marcha multitudinaria y también una gran adhesión al paro como vino sucediendo en los últimos años.
“Creo que había una necesidad muy fuerte de volver a instancias presenciales porque el movimiento feminista va construyendo en esos espacios la transversalidad política. La posibilidad de tener espacios propios desde las distintas corrientes y experiencias desde los feminismos que tiene capacidad de organización y de acción”, sentencia Verónica Gago, docente e investigadora del Conicet pero que además integran el colectivo Ni Una Menos, que estuvo al frente de la organización en esta ocasión.
“Este año es fuerte esta consigna de recuperar las calles. Pero que a su vez convive al mismo tiempo con ‘nunca nos fuimos’. Es interesante ver cómo las dos cosas son verdad. Hay miles de narraciones, experiencias y prácticas que sostuvimos durante la pandemia: las vigilias por el derecho al aborto, el 8 de marzo pasado, los 3 de junio y la movilización por la ley del cupo laboral travesti trans. Pero al mismo tiempo, existe la necesidad de tener un encuentro masivo, como será el de mañana”.
Las organizaciones feministas convocan a las 16 del martes 8 en Cevallos e Irigoyen para marchar hacia el Congreso de la Nación. El encuentro masivo se repetirá en cada provincia y ciudad. “Hay organización en todo el país. Tenemos las expectativas de leer ese documento colectivo en un escenario donde la foto sea una gran movilización social, de que el movimiento feminista vuelva a protagonizar las calles”, sintetiza Gago.
-¿Qué significa esta vuelta en forma masiva a las calles?
-Significa volver a hablar de paro, de huelga feminista, que haya un llamado y una organización desde las centrales sindicales, pero también desde las distintas colectivas, redes, organizaciones. Será un momento importante porque también convergen dos otras cuestiones, el debate que se abrió a partir de la violación grupal acá en la Ciudad de Buenos Aires porque eso vuelve a traer al debate colectivo sobre qué significan esas violencias. Y, por otro lado, la cuestión de la deuda externa, la consigna principal consensuada de la movilización es “la deuda es con nosotras y con nosotres, que la paguen quienes la fugaron”.
-Es un debate que está presente hace un tiempo en el movimiento feminista
-Sí, se retoma una consigna que es del movimiento feminista. Se viene haciendo hincapié con hacer una lectura sobre qué significa la deuda contra nuestra autonomía, que la deuda externa se traduce también en endeudamiento en los hogares. Venimos haciendo un acumulado de lecturas, de debates, de formas de instalar y de apropiarnos de la discusión económica que hoy está en el centro de la coyuntura política. Hoy es muy importante cómo el movimiento feminista va a mostrar una capacidad de movilización, una capacidad de debates y claro, un rechazo a que la deuda la sigan pagando ciertos cuerpos y ciertos territorios. Estamos en un país donde el 60% de las infancias son pobres. Creo que ha sido un ejercicio construir este documento colectivo, darnos el espacio y el tiempo para este ejercicio tan complejo y a la vez tan potente del feminismo de producir un documento de conjunto, con muchísimas firmas de organizaciones que hacen un diagnóstico de la situación actual, organizan sus reclamos y plantean un horizonte.
-Más allá de lo que sucedió en la calle, se puede decir que hay un antes y un después de la pandemia, ¿qué pasó en esos dos años?
-Estos dos años creo se han condensado con la frase del “trabajo esencial”. La importancia de lo que son los trabajos de cuidado, los trabajos de la reproducción socialque no es sólo cuidado: es alimento, distribución de esos alimentos agroecológicos, es cocinar, es limpiar las casas en los distintos territorios, es sostener las redes de ayuda mutua. Es decir, todos los trabajos peor remunerados o no remunerados, más subalternizados se pusieron en evidencia como fundamentales para sostener la emergencia multidimensional de la crisis. Emergencia de vivienda, alimentaria, de salud y de violencia de género. Todo el trabajo que venían haciendo los feminismos de ponerle un valor, visibilizar, ponerle un lenguaje, organizar esas tareas de modo político, reclamando la politicidad de esas tareas, se ha puesto muy en evidencia como la reestructura más necesaria y más exigida que hemos tenido. Creo también que hay un debate inconcluso porque en parte del documento lo que más se exige es salario para las trabajadoras comunitarias, para las promotoras territoriales de género. Es decir que aún falta un reconocimiento real, salarial de esos trabajos que ya se han evidenciado como esenciales, fundamentales, imprescindible.
-¿Y qué impacto tuvo entre las trabajadoras?
-Creo que también hay un nivel de agotamiento y de desgaste físico y psíquico que es un saldo de la pandemia que no se evapora con la vuelta a la presencialidad. Vamos a tener que buscar muchos espacios para trabajarlo porque tenemos un montón de muertes y de consecuencias de la enfermedad que no se van de un día para el otro, hay un tiempo de duelo que sigue pasando. Por otro lado, lo que sentimos hoy, es que la vuelta a ciertos trabajos de la presencialidad a cierta reactivación a nivel del empleo se hace sobre un suelo de mucha mayor precariedad y también de superposición de jornadas laborales. Hoy vemos a alguien que está viajando y mientras viaja tiene una reunión por teléfono o mientras cocina está terminando de coordinar virtualmente el trabajo que empezó en otro lado. Lo que vemos es una acumulación del régimen presencial y virtual que alarga la jornada de trabajo. A esto se suma una situación difícil con los precios, una inflación especialmente concentrada en los alimentos que arman un cuadro de mucho esfuerzo y preocupación para sostener la vida cotidiana.
-Además de las demandas económicas, ¿qué debates se dieron respecto a los femicidios y abusos sexuales?
-Es un punto clave. Fue un debate que estuvo en las asambleas y que también la trascendió. Son debates que se dieron en las casas, en las escuelas, en las redes sociales, de qué significan estos mandatos de masculinidad que hacen del abuso y la violencia machista su dinámica de validación. Y qué significa entonces seguir reclamando una profundización de la Educación Sexual Integral como cuestión fundamental. Es importante pensar cómo esta cuestión no es solamente cultural, sino que también expresa relaciones de poder, cuando hablamos de abusos, femicidios estamos hablando de relaciones de poder. Hay que darle esa discusión mucho de fondo en qué tipos de relaciones se poder se están expresando ahí, y por qué las masculinidades expresan en los abusos y violencias su valía como varones. Es algo clave en el debate de los feminismos, de cómo entender estas situaciones no como hechos aislados, no como cuestiones vinculadas a relaciones interpersonales ni tampoco como fenómenos meramente culturales. El enlace que se hace entre las violencias machistas y las económicas y las racistas nos permiten tener una comprensión y percepción mucho más amplia de qué significan que estas cuestiones sigan sucediendo, y por qué son tan estructurales.
-El 1 de marzo, se hicieron algunos anuncios por parte del Presidente sobre las tareas de cuidado, un punto fundamental en la agenda de feminista, ¿qué se discutió al respecto?
-Lo fundamental de la discusión de los cuidados es cuáles son los recursos con los que se van a contar. Hay una cuestión de presupuestos que es básica. Ya hay un reconocimiento social, un reconocimiento simbólico, se ha logrado instalar que los cuidados son trabajo. De todas maneras, esto está permanentemente en debate porque cuando se dice que los planes sociales no son trabajo digno hay compañeras de las organizaciones de la economía popular que salen a decir, “cuidado es trabajo, lo que hacemos con los planes sociales es parte de estos cuidados y por qué no son dignos”. Ahí hay discusiones que conectar porque si no, los paralelizamos por un lado se habla de un sistema nacional de cuidados y por otro lado hay un desconocimiento de los cuidados que efectivamente se realizan en las organizaciones y en los barrios con los subsidios y los distintos programas. Hay que profundizar la discusión de los recursos y del reconocimiento salarial.]]></content:encoded>
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                        <title>8M: miles de mujeres y diversidades marchan al Congreso</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:51:35 +0000</pubDate>
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Integrantes del colectivo Ni Una Menos, activistas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, referentes sociales y sindicales, y mujeres que cada 8M se convocan para ser parte de la movilización por el Día Internacional de las Trabajadoras, protagonizaron la tercera gran asamblea en la sede de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
«El ajuste no se aguanta más», coincidieron las oradoras en el multitudinario encuentro que fijó lugar y hora para la marcha: convocan a las 16 para marchar hacia Congreso. Durante la próxima semana ajustarán detalles para encarar una histórica jornada de lucha.
El tercer encuentro hacia el 8M concluyó la noche del miércoles 28 de febrero que la marcha se desarrollará, entre otras consignas, para denunciar “la grave crisis alimentaria y habitacional que atravesamos”, informaron voceras de la organización.
“Con una participación multitudinaria”, la asamblea anunció la convocatoria para las 16 del viernes, frente al Congreso Nacional para marchar en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los tantos actos que se replicarán en todo el país.
Mediante un comunicado de prensa, la Mesa Organizadora de Ni Una Menos expresó que «este año marcharemos denunciando la grave crisis alimentaria y habitacional que están atravesando las mujeres de todo el país, rechazando el ajuste, el DNU y el protocolo represivo».
“No tengo dudas de que la próxima marcha será una de las más grandes del movimiento feminista de Argentina”, dijo Luci Cavallero, integrantes de la Mesa Organizadora de Ni Una Menos.
Ya en la primera asamblea, las mujeres coincidieron en la necesidad de marchar todas juntas. En esa ocasión, Cavallero, organizadora de las asambleas, expresó: “este gobierno nos pone como enemigas y enemigues porque fuimos capaces de señalar estructuras de desigualdades muy importantes. Hemos hecho un gran trabajo estos años y por eso estamos puestas como enemigas. No creo que por nuestros errores”.
Entre las oradoras que se escucharon a lo largo de las asambleas, Dora Barrancos fue una de las más destacadas. Dijo Barrancos: “Vamos a hacer el 8 de marzo para demostrar a toda la humanidad que el ataque a nuestros derechos es un ataque a los derechos humanos fundamentales. Porque si soterran nuestros derechos hay un enterramiento general de la dignidad humana en este país. Y no vamos a dejar de pensar dolorosamente en las más pobres, las más excluidas, en esas mujeres, en esos seres que están pasando hambre en este momento”.]]></content:encoded>
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                        <title>Destituyeron al juez Francisco Pisa por su mal desempeño en el caso Tacacho</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:50:26 +0000</pubDate>
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El juez penal Juan Francisco Pisa fue destituido este jueves por la mañana por el Jurado de Enjuiciamiento, debido a su actuación en el caso de Paola Tacacho, la docente salteña que fue asesinada por el hombre que la acosaba, Mauricio Parada Parejas a quien llegó a denunciar más de 20 veces.
El jury compuesto por el vocal de la Corte, Daniel Posee, Sara Alperovich, Daniel Herrera, Dante Loza, Javier Morof y Walter Berarducci (en representación del Poder Legislativo); Esteban Jerez (por el Colegio de Abogados) y el fiscal de Estado, Federico Nazur (por el Poder Ejecutivo) consideró que el magistrado incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.
La familia de Tacacho viajó hasta Tucumán para presenciar la audiencia. «Siento un poco de justicia pero esto no repara, nadie me devuelve a mi hija», dijo Mariela Tacacho a la prensa una vez que se conoció la destitución del juez.
Desde los movimientos feministas que acompañaron a la familia celebraron la decisión del jury y afirman que se trata de un fallo que sienta precedentes.
La docente había realizado 14 denuncias contra Parada Pareja, quien había sido su alumno años anteriores y que desde entonces la acosaba, hecho por el cual la justicia le había impuesto una restricción de acercamiento.
Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una había llegado al requerimiento de elevación a juicio, el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa, por lo que la familia de víctima ahora exige su destitución.
El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán y actual Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado.
Pero finalmente esa renuncia condicionada no se concretó debido a que el trámite jubilatorio no se resolvió en los plazos establecidos, por lo que Pisa presentó su renuncia lisa y llana -sin beneficio de la precepción del 82 por ciento móvil de su salario- ante Manzur, quien no la firmó.
El 24 de agosto la Comisión de Juicio Político resolvió por unanimidad acusar a Pisa ante un jurado de enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en la causa iniciada por las denuncias de Tacacho a Parada Pareja. el tratamiento de la causa.]]></content:encoded>
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                        <title>Liberaron a las socorristas detenidas por abortos autogestionados en Villa María</title>
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:49:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las opiniones lo confirman: DadosBet es un casino online Mexico confiable. Pagos cumplidos, bonos claros y experiencia segura. Compruebalo tu mismo, registrate hoy.
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El Juzgado de Control de Villa María liberó a cuatro mujeres que habían sido detenidas luego de ser acusadas de practicar un “aborto clandestino” en esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa.
“Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”, sostuvo ante medios locales la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba.
De acuerdo a la información suministrada por fuentes de la Red de Socorristas, cuatro mujeres fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando “acompañaban” un “aborto voluntario” domiciliario en la ciudad cordobesa de Villa María.
Dos de las “socorristas” fueron imputadas por el delito de “ejercicio ilegal de la medicina” y otras dos por “encubrimiento”, informó una fuente judicial.
Desde la Red de Socorristas también afirmaron que “no son abortos clandestinos. Son abortos autogestionados”, y lo que hacen los integrantes de esa organización es brindar “información, acompañamiento y contención” en ese proceso de “aborto voluntario”.
La policía provincial, por directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó varios allanamientos domiciliarios, secuestraron documentación y otros elementos que fueron puestos a disposición de la investigación de la Justicia.
Desde la Red de Socorristas también destacaron que a nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”.
Preocupación en el Ministerio de las Mujeres de Nación
Por su parte, a través de una presentación judicial dirigida a la jueza María Soledad Dottori, del juzgado de Control de Villa María, Mazzina expresó su preocupación por las detenciones de las socorristas que liberadas el mediodía del lunes pero siguen vinculadas a la causa.
En el documento, además, la funcionaria advirtió que “en la causa se acusa a las detenidas de ejercicio ilegal de la medicina, hasta donde ha trascendido en los medios de comunicación, delito excarcelable en su pena máxima imponible y que por tanto no debería ser objeto de prisión preventiva o privación alguna de la libertad en el marco del proceso judicial de determinación de la existencia del hecho”.
En otro apartado, la ministra apeló a la aplicación estricta del principio de juicio en libertad y presunción de inocencia: “Las integrantes de la red nacional Socorristas en red que están siendo investigadas en esta causa, han pasado las fiestas navideñas privadas de su libertad sin una justificación adecuada”.
“Los motivos en los que se basó la medida coercitiva que pesa sobre ellas fueron el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. No obstante, las cuatro detenidas tienen arraigo suficiente y se han mostrado dispuestas a colaborar en todo lo que les sea posible con la investigación”, agregó el documento.
Además de la libertad como regla, que debe respetarse de forma estricta, incluso durante la investigación penal por la posible comisión de delitos, debe respetarse la “presunción de inocencia que le asiste a todas las personas sometidas a un proceso penal”.
“Si bien este derecho no es absoluto, no puede ser restringido o suspendido incluso transitoriamente sin una justificación adecuada, suficiente y se compruebe que la medida es proporcional al beneficio que imputa al proceso de esclarecimiento de la verdad de los hechos”, agregó.
A favor de las imputadas, el Ministerio explicó que según trascendió públicamente, hubo “numerosos allanamientos y secuestro de objetos y documentación que se desarrollaron con total normalidad, lo que demuestra no solo la innecesariedad de la detención sino lo inútil de su sostenimiento”, por lo que “deben considerarse todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud física y emocional de las imputadas”.
“En función de todo lo manifestado, se impone la necesidad de efectuar una revisión seria y profunda de las detenciones ordenadas ya que no se encuentran presentes a nuestro entender los extremos para sostener a las imputadas privadas de su libertad”, agregó la funcionaria.]]></content:encoded>
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