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									DadosBET Foro - Debates Recientes				            </title>
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                        <title>Un disciplinamiento para las militancias populares y para todas las mujeres</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:47:41 +0000</pubDate>
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Este es el hecho más grave desde la recuperación de la democracia. Un hecho de gravedad institucional inusitada, pero que particularmente lo miramos como un mensaje y un intento de disciplinamiento para toda la militancia. Sobre todo, para las mujeres que se atreven a hacer política, a llegar a espacios de liderazgo y a enfrentar poderes económicos.
Es una pedagogía a gran escala de que si te metés en política y si representás intereses populares y sos una mujer, podés terminar con un revólver en la cabeza. Ese revólver en la cabeza a Cristina es un revolver en la cabeza para todas las mujeres, lesbianas, travestis y trans que se animan a dar disputas y a dar debates en sus espacios políticos.
Es un revólver que tenemos todas en la cabeza. Para nosotras la imagen es muy fuerte y es muy fuerte también que se esté repitiendo. Pensamos en qué será ahora, de esas chicas que crecieron viendo la imagen de Cristina en cadena nacional, en la imagen de una mujer fuerte, de una mujer que le contestaba a los poderes fácticos, y que ahora ven que hacer política a esa escala y meterse con esos intereses siendo una mujer te puede llevar a que te pongan un revólver cabeza.
Por supuesto que creemos además que el repudio tiene que ser absoluto. Un repudio que no solamente tiene que ver con Cristina sino con la vida de toda la militancia, con la posibilidad de vivir en un Estado de derecho, en una democracia donde sea posible la movilización popular, la organización y la militancia feminista.
Y, además, creemos que esto tiene que generar un debate profundo. Una de las primeras lecturas que hicieron los referentes de la oposición, con el objetivo de quitarle gravedad al hecho. Fue hablar desde los argumentos más burdos, decir que podía ser algo orquestado incluso por el propio kirchnerismo.
Pero, lo que se instaló, -que para nosotros es lo más nocivo-, es la idea de “el loco suelto”, de alguien aislado que intenta cometer el asesinato. Y eso nos recuerda mucho a las explicaciones que hay cuando nosotras decimos claramente que los femicidios y que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres travestis y trans, contra las lesbianas contra les no binaries se originan en problemas estructurales que después pasan al acto, en el momento en que vemos al femicidio o el travesticidio. Entonces la teoría del loco suelto nos parece muy problemática. Lo que hay que generar es una discusión profunda de cuál es el papel de los medios de comunicación, estigmatizando a las militancias populares y a las líderes populares.
La manera en que se corrieron los límites de lo que se puede decir en nuestra democracia, donde sistemáticamente estigmatizan, produce un discurso de odio. Es un engranaje mediático articulado con referentes de la oposición, pero que también tiene detrás otro poder como el Poder Judicial, que también son parte de este proceso de estigmatización.
Hay que generar un debate profundo, por ejemplo, sobre el rol de los medios. Es inadmisible que se siga dando pauta oficial a los medios que promueven y propulsan los discursos de odio. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber un debate profundo para poder democratizar los medios. Tenemos que salir a decir “no”, a decir “basta”, a poner un límite. Ellos cruzaron el límite, y todo eso que parecía, en el plano de lo discursivo o mediático, ahora pasó al acto material. Para nosotros eso tiene que ser un límite muy grande, porque atrás de esa imagen hay un disciplinamiento muy concreto para todas las militancias populares, para todas las mujeres. Particularmente para quienes se atrevan a representar los intereses populares y a tratar de e intervenir en espacios de estas esferas de la política.
También hubo un despertar de la movilización popular. Por lo menos, de la base más identificada con la figura de la vicepresidenta. Había una militancia que estaba desmovilizada y buscando volver a las calles y recuperar una mística. Esas expresiones de amor en la puerta de la vicepresidenta molestaron mucho al Poder Judicial y a los poderes concentrados. Es algo que ellos no pueden controlar molesta mucho. Me parece que hay que poner este hecho en relación a los discursos de odio, al avance represivo del gobierno de la Ciudad de la semana pasada, a esa escalada en la reacción represiva que tuvieron a ciertas muestras de amor, y que ayer culminó con este intento de magnicidio.
Está el desafío de sumar a esa defensa de la figura de Cristina un programa político que pueda enamorar a más amplios sectores populares. Ese es el desafío. Además de expresar ese amor y esa recuperación de la movilización popular alrededor de la figura de Cristina, asociarlo también a una serie de medidas que vayan a favor de los intereses populares.]]></content:encoded>
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                        <title>Bajo Flores: una red marcha contra las desapariciones de las pibas</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:45:52 +0000</pubDate>
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“Fue algo histórico, el año pasado entramos con la marcha al corazón de la villa. Ahí donde creíamos que nos iban a hacer coladera los narcos, porque es el territorio donde no entra nadie más y leímos el comunicado”, cuenta Ana Gamarra. Ella es cocinera comunitaria, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y vecina del Bajo Flores. Habla de la movilización del 8M que desde hace 9 años se realiza dentro del barrio como iniciativa de la Red de Docentes, Familias y organizaciones. Dice que el año pasado fueron más de 500 personas detrás de la bandera de arrastre que reza: “Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derechos todas las pibas”.
Mientras algunas mujeres rallan zanahorias en el patio o ponen a hervir huevos para las viandas, Ana recibe a Tiempo en un aula del comedor comunitario Las Guerreras y espera a que lleguen otros integrantes de la Red. “Estamos por dejar esta casa dentro de poco, ya no nos alcanza para el alquiler”, comenta con tristeza.
El Bajo Flores, caminos sinuosos, algunos de asfalto, pasillos de tierra, edificaciones en altura, ángulos imposibles, pelopinchos en las veredas, paredes que hablan y recopilan los nombres y rostros de los asesinados por la bala policial pero también por la violencia social. En ese territorio complejo, en 2015, un grupo de docentes fue alertado de que había niñas y adolescentes que desaparecían. “Algunas mamás de la escuela se dieron cuenta de que a sus hijas las estaban acosando por Internet, lo que se llama grooming. Se lo contaron a una compañera que es educadora popular y ahí nos empezamos a reunir con algunos profes”, dice Damián Brescher, docente de nivel inicial y militante de MP La Dignidad.
La Red nació así, de la necesidad de abordar la problemática, investigar y activar alguna respuesta. “Al principio, todo era miedo, incertidumbre. Las adolescentes, en algunos casos, estaban atrapadas en ese juego perverso del grooming. Pero también había casos de desaparición yendo a la escuela o volviendo a la casa”, cuenta.
La Red comenzó a reunir no sólo a docentes, sino a los diversos actores sociales que realizaban tareas dentro de la comunidad. Nunca tuvo una sede, la esencia itinerante le dio una presencia en todo el territorio: plazas, canchitas, escuelas, comedores, locales de organizaciones, incluso frente a instituciones como el IVC, la única presencia concreta del gobierno de la Ciudad dentro del barrio.
“A partir de la conformación de la Red, cada piba o pibe que desaparece lo recuperamos a la semana, semana y media”, asegura. Junto a profesionales de la Universidad de Buenos Aires elaboraron un protocolo de búsqueda y articulación con los organismos estatales. “Esto demuestra que es posible dar respuesta y soluciones a temas puntuales con organización, criterio y trabajo. La Red tiene un protocolo de intervención que es absolutamente eficaz. Todas las pibas que buscamos, aparecieron. Entonces, si un grupo de madres, compañeros de organizaciones sociales y docentes pudo armar un protocolo y dar respuesta de manera eficaz, ¿Cómo no lo puede hacer la política estatal?”, se pregunta Griselda Galarza, docente y directora de la escuela secundaria del barrio.
Para la Red, que cumple 10 años de existencia, la pandemia del Covid-19 que mandaba a todos quedarse en sus casas, a ellos los sacó a la calle. Ahí se unieron para sobrevivir. “Fue una gesta la pandemia, conmovedora, hubo una constatación en términos de humanidad. Porque los compañeros y compañeras estuvimos en el territorio, caminamos, puerta por puerta, por cada pasillo. No sólo se hizo asistencia concreta en términos de donaciones, alimentos, sino que íbamos con una planilla”, recuerda Griselda. De esta manera, elaboraron un informe de la situación de las familias y en plena emergencia sanitaria, marcharon junto a 400 personas al IVC.
“Nos juntamos porque solos no podíamos abarcar todo el barrio, sino entre muchas orgas, la Red y todo el mundo se puso a trabajar”, dice Ana, que durante la pandemia también gestionaba el roperito comunitario. Y aunque ya pasó el tiempo, la tristeza está presente entre Las Guerreras, que perdieron una de sus cocineras comunitarias por Covid en ese momento. Aquella gesta que los nucleó también parió otros espacios feministas, como las reuniones de mujeres vecinas del barrio, que cada viernes hasta la actualidad se juntan a compartir sus vivencias. “Para mí es un espacio de contención, entre todas nos sostenemos, es como mi refugio”, asegura Ana.
“Hay algo de marchar adentro del territorio que tiene que ver con recuperar el espacio. Decir que nosotras también podemos caminarlo, que no es potestad ni dominio de los varones o de la lógica del te meto miedo, te vigilanteo, te sigo”, asegura Griselda. Refiere con esto al poder del narco dentro del barrio y a la política de autorregulación de la seguridad a la que dejaron librada al sur de la ciudad todos los gobiernos. “También marchar hacia dentro del territorio es visibilizar que hay otras situaciones que no entran en el manto del feminismo blanco, clasemediero, academicista y europeo”, señala. Porque las mujeres que sufren violencia de género en el Bajo Flores, asegura, no tienen todos los recursos y herramientas que las de clase media.
Ana coincide y agrega: “Esto es el feminismo popular. Y nosotras nos hemos dado cuenta que los hombres también tienen que estar incluidos en nuestra lucha, no solo en la marcha. También en los talleres, porque el acompañamiento muchas veces lo hacen los compañeros varones. En casos de violencia, nos acompañan nuestros hijos, y van aprendiendo. Y siento que es algo que el feminismo lo tiene que hablar muy seriamente. Ellos tienen que aprender o desaprender todo lo que aprendieron”.
Bajo Flores, basurero a cielo abierto Yanina fue barrendera en el Bajo Flores por muchos años. Es militante de MP La Dignidad y, con el tiempo, se sumó a las actividades de la salita comunitaria, la comisión de género y de teatro. También integra la Red de Docentes, Familias y organizaciones. Formaba parte del Programa Veredas Limpias de la Ciudad pero fue despedida en diciembre pasado junto a 380 mujeres que sostienen sus hogares por la gestión de Jorge Macri. Y el impacto no solo se ve en las economías familiares sino también en la fisonomía de los barrios populares como el Bajo Flores que, sin las cooperativas de limpieza, se ha transformado en un basural a cielo abierto.
“Si vos caminás el barrio te das cuenta de que lo sostienen las cooperativas de trabajo. No es que viene el Gobierno a limpiar, solamente levanta los tachos y listo. A la mañana y a la tarde había cooperativas. Pero a nosotras no nos renovaron el contrato de diciembre”, cuenta. Un simple recorrido por el barrio da cuenta de la veracidad de sus dichos. Cabe destacar que incluso frente al IVC, única entidad gubernamental de la Ciudad dentro del barrio, se acumula a cielo abierto un cúmulo creciente de basura.
Según contó Yanina, este será también uno de los ejes de denuncia de la marcha del 8M en el Bajo Flores.
Este año, la marcha del 8M organizada por la Red del Bajo Flores tuvo entre sus ejes la denuncia por la persecución a compañeras y compañeros de las organizaciones sociales y el desfinanciamiento de los comedores, en su mayoría gestionados por mujeres y cada vez más colapsados. “Adentro de la villa se quedan durmiendo, ranchando en diferentes lugares arriba de 300 personas en situación de calle, cuyas necesidades mínimas absorben los comedores comunitarios. Es un sondeo que tienen las organizaciones, olvidate que el Estado lo va a hacer”, menciona Griselda Galarza. También reclaman por el incremento de la pobreza y el hambre, así como la exigencia de seguridad comunitaria y la implementación de senderos seguros. “Otro tema es el de la salud por el altísimo índice de tuberculosis que tenemos”, asevera.]]></content:encoded>
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                        <title>Nieto 132: por un 2023 con más encuentros, verdades e identidades</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:44:11 +0000</pubDate>
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¿Dónde están los centenares de bebes nacidos en cautiverio? dice el cartel que las Abuelas de Plaza de Mayo pioneras sostienen en esa foto en blanco y negro, hecha gigantografía en el hall de entrada de la Casa por el derecho a la Identidad de las Abuelas, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un montón de personas se han acercado a esta casa y cantan Abuela la la la la la, el hit festivo y pegadizo en estas semanas felices de Argentina campeona del mundo. Estamos acá, en lo que fue un centro clandestino de exterminio, cantando, aplaudiendo y celebrando que esa pregunta devastadora, dónde están, ha sido respondida 132 veces.
Las Abuelas Estela de Carlotto, de 92 años, y Buscarita Roa, de 85, encaran hacia la pared donde está el contador que lleva la cuenta de lxs nietxs restituidxs. Hace seis días al fin pasó a contar 131, después de dos años y medio sin noticias de este tipo. El nieto 130, Javier Matías Mijalchuck Darroux, había sido hallado en junio de 2019.
Estela y Buscarita están rodeadas de más nietxs que cantan Abuelas la la la la la y escribieron carteles de bienvenida al 132. En la pared, donde se ubica el contador de Nietxs, se lee: “Durante la dictadura militar más de 400 bebés fueron apropiados, en la mayoría de los casos tras el asesinato de sus mamás detenidas ilegalmente. Desde 1977 las Abuelas de Plaza de Mayo luchan por la restitución, la verdad y la justicia, y gracias a esa lucha ya son 132 los nietos que recuperaron su verdadera identidad”.
Cuando Buscarita levanta la chapa para cambiar el número se hace un silencio tan enorme que hiere. Sólo se oyen los chasquidos de las cámaras de fotos, como en las películas cuando algo muy poderoso o terrible está por suceder. Es un momento sagrado, una ceremonia íntimamente argentina: nuestra tragedia, nuestra promesa de redención. No lo entenderías. Llevó un instante cambiar ese numerito, 132, llevó minutos que la noticia corriera en las redes. Llevó 45 años de lucha encontrar 132 nietos.
El caso del nieto 132, Juan José, llega después de una difícil investigación colectiva y revela muchos de los puntos más oscuros de nuestra historia. Es, además, un caso difícil de comunicar, aunque guarda muchas aristas en común con otros casos resueltos.
Juan José creía que era hijo biológico de quienes lo criaron. Hasta que sus hermanos de crianza le mostraron su dni original. Según se difundió ese mismo miércoles del anuncio, lo hicieron para apartarlo de la herencia familiar. Ese DNI -uno de los tres que tuvo- decía que era hijo de Mercedes del Valle Morales. La joven había sido secuestrada en Monteros (Tucumán) en mayo de 1976, cuando él era un bebé de 10 meses y ella una joven de 21 años militante del PRT. Los padres de ella, Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales fueron secuestrados en el mismo operativo, informó Abuelas en un comunicado. Cuatro días después secuestraron a dos hermanos de Mercedes, todos ellos están desaparecidos.
La búsqueda de Juan José se inició en 2004, cuando se acercó a partir del nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad a Abuelas y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Fue un año clave para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia (el 24 de marzo de ese año el entonces presidente Néstor Kirchner se convertía en el primer presidente argentino en pedir perdón “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”. Y ordenaba que el predio donde funcionó la ESMA se recuperara como espacio de memoria).
Llevó años determinar que Mercedes era la madre de Juan José, a partir de cotejar datos genéticos con los tíos maternos –en Monteros siguen viviendo Juan y María Morales, que estaban muy impactados por esta noticia– .
En 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de su madre en una fosa clandestina en Cementerio Norte. Aun así, Juan José no sabía si el hombre que lo había criado, y que había sido empleador de su madre en una finca, era su padre biológico. En 2018 hizo una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán y luego intervino la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. El 28 de diciembre se supo que el apropiador no era su padre biológico: Juan José “fue víctima de sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad. Lo abrazamos como nuestro nieto 132. Un rompecabezas nunca se termina de completar”, dijo Estela–. “Se inicia un nuevo camino para dar con su verdadero padre”.
El caso del #Nieto132 evidencia de manera rotunda la complicidad civil: un patrón se apropia del bebé de una empleada secuestrada por las fuerzas represivas, durante años nadie dice nada, y la Justicia mira para otro lado. La historia transcurre en Tucumán, cuna del Operativo Independencia (“la fase inicial del genocidio perpetrado en Argentina”, dice la doctora en Ciencias Sociales Ana Sofía Jemio en su libro Tras las huellas del terror, donde analiza por qué en esa provincia las prácticas de desaparición forzada comienzan en febrero de 1975) y donde hasta el día de hoy algunos datos siguen siendo muy difíciles de dimensionar.
“Las patronales que tenían vínculos con los sectores de poder también denunciaban a los trabajadores organizados”, recordó en la conferencia Horacio Pietragalla, secretario de derechos humanos y nieto restituido. De la conferencia también participaron Abel Madariaga, secretario de Abuelas; Pablo Parenti, de la Unidad especializada para casos de apropiación durante el Terrorismo de Estado; y Claudia Carlotto, presidenta de la CONADI. Ella destacó: el #nieto 132 no estaba contabilizado como uno de los buscados/denunciados. “El caso también demuestra que Abuelas en su estimación no está equivocada cuando habla de 500 nietxs robadxs por el terrorismo de Estado, si se tiene en cuenta que hay muchos no fueron denunciados, como éste”.
“Parece imposible esta noticia detrás de la anterior (del nieto 131)”– resaltaba Estela–. Así es la vida: nos da sorpresas. Se va a ver la imagen del joven, quiere que lo conozcan. Está muy feliz, muy contento. Aunque no todo se sabe y no todo se puede decir”.
Juan José estuvo en la conferencia por videollamada desde Tucumán, pegado al retrato en blanco y negro de su madre, Mercedes del Valle Morales, y la leyenda ¡Presente! Se lo veía conmocionado, sonriente. Como le dijo después al colectivo tucumano La Palta, con las emociones mezcladas: “Triste por no haber compartido la vida con mi madre y alegría por saber quién soy, de dónde vengo y cuáles son mis raíces”.
Ese contraste que en la Casa de Abuelas por la Identidad se respira entre la desolación de esa gigantografía en blanco y negro de las Abuelas y la alegría de diciembre cuando cambió dos veces el contador. Como dijo Estela: “A pesar del dolor que trae cada una de estas historias, seguimos celebrando la vida con la alegría que nos da la verdad”. Y sembró un deseo: “Por un 2023 con más encuentros, más verdades y más identidades”.]]></content:encoded>
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                        <title>Asesinaron a Alejandra Ironici, pionera de la lucha trans travesti en Santa Fe</title>
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La referente trans de Santa Fe, Alejandra Ironici, fue asesinada en su casa –Pasaje Público 8133-, en el noroeste de la ciudad. Tenía 43 años y era la coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa (MISER) Santa Fe fue impulsora de importantes avances en derechos humanos para el colectivo trans travesti. Alejandra fue la primera en recibir su DNI con el cambio registral y en acceder a un puesto de docencia en el Estado santafesino, entre otras acciones.
Qué se sabe hasta ahora
Este domingo 21 de agosto, alrededor de las 23, el sobrino de Alejandra -que vive en la misma casa- regresó de trabajar, y al entrar había fuego en el dormitorio. Al ingresar, según declaró ante la Policía, encontró a su tía con signos de quemaduras y en un charco de sangre. De inmediato llamó al 911.
Cuando los policías llegaron al lugar, confirmaron que la víctima se encontraba ya sin vida. Iniciaron el operativo para preservar el lugar del hecho y pidieron que asistan peritos y una unidad sanitaria (la cual nunca arribó).
En la recorrida por la casa, el joven alertó a la Policía de que no se encontraría en la cochera el automóvil de su tía, el cual sería un FIAT PALIO COLOR GRIS, como así tampoco la pareja actual de Alejandra, con quien ella tendría una relación desde hace alrededor de cinco meses. Esta mañana, encontraron el auto de Alejandra en Padre Dusso al 7200 de la ciudad de Santa Fe. En el mismo lugar se detuvo también a una persona.
El detenido es un hombre de 32 años, cuyas iniciales son DHB. Era la actual pareja de Alejandra. La detención se produjo en una vivienda frente a la cual estaba el auto de la víctima.
El caso es investigado por la Brigada de Femicidios de Santa Fe, a cargo de la fiscala Alejandra Del Río Ayala. En las próximas horas, solicitará a la Oficina de Gestión Judicial que fije el día y hora para la realización de la audiencia imputativa del detenido.
En marzo de 2018, luego de dostransfemicidiosperpetrados en la capital santafesina y zona -el de AdrianaCuqui Bonettoy el deSol– fueAlejadra Ironiciquien explicaba a Presentes: “La mayoría de las mujeres trans de la ciudad y sus alrededores viven solas y en zonas periféricas lo que profundiza su situación de vulnerabilidad”.
Una trans pionera en Santa Fe: “Orgullosa de lo que soy”
Victoria Alejandra Ironici tuvo muchos títulos. Su vida fue de lucha y, sobre todo, de logros. Fue la primera mujer trans en conseguir un DNI que respete su identidad, aún antes de que la ley garantizara ese derecho para todes. Si se empezaran a enumerar todas las acciones en las que ella fue pionera, la lista incluiría a todas las reivindicaciones logradas por el colectivo trans travesti de Santa Fe.
Su historia de lucha comienza a los 18 años, cuando la echaron de su casa por ser trans. Llegó desde Vera a Santa Fe capital para encontrar más oportunidades. En 2007, después de perder un trabajo, comenzó el camino administrativo para que la provincia de Santa Fe le reconociera su identidad.
En 2010, dos meses antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, se realizó un acto en Casa de Gobierno. El entonces gobernador Antonio Bonfatti le entregó su partida de nacimiento y DNI rectificados.
“Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto,orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme, porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Esoimplicó que se me niegue un montón de derechos”, dijo ese día en que comenzó a ser Victoria Alejandra Ironici. “Yo quería como tercer nombre Selenia pero va a tener que quedar como mi nombre artístico”, bromeó.
Ese día también contó sus próximos objetivos: conseguir un trabajo y realizarse una vaginoplastia. Cumplió con ambas metas y siguió abriendo caminos.En 2013, fue la primera mujer trans en realizarse el procedimiento quirúrgico a través de la obra social de la provincia y en un hospital de Buenos Aires.
Impulsora del cupo laboral travesti trans
Alejandra fue una gran impulsora del cupo trans travesti en distintos niveles del Estado y organismos nacionales.Estaba cursando la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, y fue una de las impulsoras del cupo en esa casa de altos estudios.
El 31 de mayo,en diálogo con Presentespara una nota sobre el cupo en las universidades argentinas, contaba: “A nivel social y cultural, nos posiciona de otra manera. La sociedad va a ver que queremos ir por más aceptación e inclusión y que la UNL dé el respaldo, a través de una resolución que es producto de nuestro proyecto y de la ley nacional”. Ese camino ya lo había recorrido con la lucha en la provincia y en la capital provincial.
Docente y activista: “El sistema educativo, con nosotras”
El año pasado, Alejandra y Lucy Gimenez se convirtieronen las primeras docentes trans en acceder a dar clases como reemplazantes en escuelas secundarias de la ciudad. “Es la puerta fundamental de lo que veníamos peleando: el sistema educativo tenía que ser con nosotras. En ese proceso veníamos trabajando con Lucy para romper ese prejuicio social. Hoy nos toca hacerlo desde adentro de las escuelas, ya como docentes”, contó en esa oportunidad.
Ale fue una pionera. Abrió caminos para ella y para quienes vienen detrás. Cada día de su vida fue una lucha para romper la expectativa de vida de 40 años que tiene el colectivo. Sin embargo, no pudo y hoy su nombre está en el título de esa noticia de la cual hizo todo para escapar.
Este artículopertenece a laAgencia Presentesy es reproducido porTiempo Argentinoa partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.]]></content:encoded>
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                        <title>La Asamblea antifascista resolvió movilizar el 1 de febrero a Plaza de Mayo, tras el ataque de Milei al colectivo LGBTIQ+</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:40:49 +0000</pubDate>
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Como parte de las respuestas que surgieron en estos días, la Asamblea Antifascista LGTBIQ+ reunió a miles de personas en el Anfiteatro del Parque Lezama para repudiar los dichos del presidente Javier Milei y organizar la respuesta. Con la consigna «La vida está en riesgo. ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más», diversos colectivos resolvieron convocar a acciones de emergencia en las calles de todo el país y pensar una agenda común que repudie masivamente estas iniciativas del gobierno. Por votación se resolvió que la primera movilización se realizará el sábado 1 de febrero desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
La Asamblea reunió a muchos otros sectores afectados por las políticas del gobierno libertario, además de los distintos colectivos LGBTIQ+ convertidos en el foco de la agresión presidencial. Trabajadores y trabajadoras despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Hospital Posadas, y del Hospital Laura Bonaparte, del CONICET, entre otros atravesados por el vaciamiento de políticas públicas, y la amenaza de dar de baja el cupo laboral trans en las instituciones del Estado.
Los cantitos “Milei, basura, vos sos la dictadura” y «¿A dónde está? Que no se ve&#8230; esa famosa CGT» expresaron la amplia agenda que atravesó al debate. El mensaje a la central obrera tuvo como base el empobrecimiento salarial y la falta de acción de algunos sectores sindicales.
La propuesta de una movilización masiva, caravanas en la Ciudad y réplicas en todo el país fue el acuerdo básico votado cerca de las 21, cuando ya era noche en la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno de Javier Milei buscó esta semana alinearse al ataque frontal contra el colectivo LGBTIQ+ y los feminismos de parte de líderes de la ultraderecha, luego delas medidas dictadas por Donald Trump desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Lo hizoen su discurso en Davos en el que se encargó de enumerar una serie de desinformaciones, falacias, mentiras y manipulaciones. Y ahora buscará hacerlo en el plano normativo. Según trascendió en medios nacionales, Milei presentará el proyecto “Igualdad ante la Ley” en la apertura de sesiones legislativas el 1° de marzo. Con él atacará derechos conquistados como la ley de identidad de género -emblema en el mundo entero-, el cupo laboral trans y la figura de “femicidio”, entre otros tópicos. El activismo respondió con denuncias y la convocatoria a asambleas en todo el país.
La respuesta se organizó en menos de 24 horas bajo la forma de encuentros y asambleas a lo largo y ancho del país a realizarse durante este fin de semana.
Valu Iapalucci tiene su DNI no binario desde hace poco. El año pasado terminó sus estudios secundarios en el Programa Fines, una política pública que el Estado Nacional congeló, como la mayoría de las que tenía como objetivo generar inclusión. «Nadie debería sacar los derechos que ya tenemos. Por algo luchamos tanto. Cada persona es libre de sentirse y de ser como quiera ser”, dice. En relación a la posibilidad de que se eliminen derechos como el DNI no binario o el cupo laboral trans, reflexionó : «Los derechos que ya tenemos se tienen que quedar donde están. Que dejen en paz a las personas».]]></content:encoded>
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                        <title>Un empresario poderoso, un reclamo por una cuota alimentaria y un intento de femicidio</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:38:48 +0000</pubDate>
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El reclamo a un padre incumplidor del pago de la cuota alimentaria, problema extendido y exponente de una de las formas de violencia económica hacia mujeres e infancias, devino en un intento de femicidio contra una mujer y su pequeña hija. El caso, emblemático en Salta, ocurrió hace dos años. El juicio contra el empresario John Johnston, de origen estadounidense y dueño del hotel El Castillo –en Villa San Lorenzo-, comienza este miércoles. La denuncia fue impulsada por Laura Valdez, ex pareja y madre de su hija. La niña tenía entonces diez años, fue testigo directa y generadora de una pieza probatoria clave: logró tomar una foto del momento en que su progenitor trataba de asfixiar a su madre.
“Las expectativas son que se haga justicia, que esta jueza (María Gabriela González, a cargo de la Sala III del Tribunal local) aplique perspectiva de género en todo este caso. Que sin lugar a dudas va a sentar un precedente importante para las mujeres y niños salteños que han vivido lo mismo que mi hija y yo”, dijo Valdez a Tiempo instantes antes de entrar a la primera de las cuatro audiencias del juicio, cuya sentencia se espera para el próximo lunes.
El hecho que se juzga ocurrió el 26 de febrero de 2020, pero la violencia había comenzado una década antes, cuando la hija de Valdez y Johnston era una beba de pocos meses. La mujer decidió dar por terminada la relación días después que el hombre amenazara con tirar a la niña por una ventana. Ese episodio fue denunciado. Luego, comenzaron los reclamos por la cuota alimentaria.
En aquel último verano pre pandémico, el empresario hotelero dijo que le compraría útiles escolares a su hija. Pero, cuando citó a la mujer y la niña en su hotel con la excusa de entregarles esos materiales, comenzó a hostigarlas mientras les exhibía un expediente de ejecución de sentencia por la deuda de alimentos de una década. En ese contexto, empezó a agredir físicamente a Valdez e intervino la actual pareja del acusado -María Eugenia González Henríquez, juzgada ahora como partícipe necesaria del delito de homicidio en grado de tentativa-. La niña logró salir y pedir ayuda a una tía. Y consiguió tomar una foto clave para todo el proceso judicial: del momento exacto en que Johnston intenta asfixiar a Valdez.
“Este caso de reclamo de la cuota alimentaria fue un disparador para llevar a una tentativa de homicidio que devela el retraso y abandono de la justicia hacia las madres que reclaman los derechos de sus hijos/as ante el sistema judicial”, expresó el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. Desde ese espacio, Irene Cari dijo a este medio: “Las mujeres salteñas peregrinamos todos los días por los pasillos de los tribunales por la cuotas alimentarias y lamento aún el hecho de justificar el no cumplir con esta obligación del progenitor”. Planteó que tanto deudor como Estado “responden con la violencia psicológica y física por tener que solicitarla, por reclamar un derecho de les niñeces”. Cari remarcó que “los movimiento de mujeres en cada agenda feminista visibilizamos la cuota alimentaria como la pata económica de la violencia de género”. Por eso, organizaciones feministas se concentraron esta mañana en la Ciudad Judicial salteña para acompañar a la mujer y madre denunciante.
Johnston y su actual pareja, Rodríguez, se fueron del país tras el intento de femicidio. Cuando regresaron quedaron imputados y con arresto domiciliario, pero esa medida fue revocada porque la justicia salteña consideró que no había peligro de fuga. Pese al poder económico del denunciado y a las amenazas sufridas por Valdez tras llevar el caso a juicio.]]></content:encoded>
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                        <title>El Estado argentino pidió disculpas por las violaciones a los derechos humanos de Ivana Rosales</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:37:03 +0000</pubDate>
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El Estado argentino suscribió el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia de género, en el marco de un acto público en el que además reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas, Ivana Rosales y sus hijas Abril y Maika.
“Creo que es parte de lo mínimo que podemos hacer como Estado, reparar eso que el Estado argentino no vio a pesar de que era una situación tan clara. Estas cosas suceden y quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales no pueden seguir estando en esos lugares si no entienden que esto sucede”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Del acto realizado en la ex Esma, en el barrio porteño de Núñez, participaron también la demandante Abril Rosales, el ministro de Justicia, Martín Soria; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el titular de la Senaf, Gabriel Lerner; la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén Soledad Gennari y la comisionada Julissa Mantilla Falcón, entre otros.
Como el tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos, Ivana presentó en 2005 una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS que recién 16 años después tiene respuesta.
En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén que hoy concluyó con la firma de este acuerdo con el que se da por finalizada la demanda y cuyo cumplimiento supervisará la CIDH.
“Con este acto finaliza una demasiado larga etapa de lucha por justicia y reparación que inició Ivana”, expresó la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. “Las prácticas de violencia institucional y de género perpetradas contra Ivana y sus hijas no fueron casuales si no que inscriben en prácticas generalizadas de exclusión y violencia por motivos de género, acompañadas y en gran medida habilitadas por una falta de respuesta estatal sistémica”, agregó. “En este sentido, el caso ilustra con claridad el accionar de un sistema de administración de justicia que ha demostrado ser ineficaz para atender y dar respuestas oportunas. Más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia la intervención judicial ha funcionado en general como un engranaje del sistema patriarcal, como un partícipe necesario de sus estrategias de inclusión”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, directora ejecutiva expresó, «este acuerdo es una reivindicación de la lucha y el recorrido de Ivana que siempre pidió por políticas con una convicción sobre lo que era necesario para que el Estado modifique sus prácticas», recordó. «No puede seguir pasando que el Estado tarde todos estos años en pedir disculpas públicas».
La historia
“Mi nombre es Ivana Rosales el 18 de abril de 2002 hubo un intento de femicidio en tres oportunidades en la misma noche. Mi exmarido Mario Edgardo Garoglio intentó ahorcarme con un alambre, después me golpeó con piedras en la cabeza y me encerró en el baúl del auto creyendo que estaba muerta para enterrarme”, dice Ivana desde un video que se proyectó durante la transmisión.
Esa noche un vecino vio lo que pasaba y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, se encontraron con un charco de sangre y buscaron hasta que dieron con el auto, donde estaba Ivana todavía viva. El violento ataque mantuvo a Ivana durante 45 días en terapia.
“Ella se lo buscó”, le dijo el fiscal Eduardo Velazco Copello durante el juicio donde se juzgaba a Mario Edgado Gargolio por haber intentado asesinar a su expareja, Ivana Rosales. “No fue una buena madre ni una buena esposa”, agregó y el tribunal integrado por Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano tomó el atenuante del fiscal y dictó cinco años en prisión que Gargoglio no cumplió: se fugó antes. Al regresar abusó de sus dos hijas, Mayka que luego se suicidó y Abril quien en ese momento tenía 13 años. Ella es quien hoy tomó la lucha de su madre, quien murió en 2017.
El Acuerdo incluye garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, como el compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia y medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a las víctimas.
También políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención, capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática, implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia y efectiva implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.]]></content:encoded>
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                        <title>Actuar para no hacer: la mancha menstrual por TV</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:35:23 +0000</pubDate>
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Hace algunos meses, las conductoras Jujuy Jiménez y Georgina Barbarrosa protagonizaron un curioso momento televisivo cuando, mientras mostraban una rutina de baile, se vio que Jujuy tenía una mancha roja en la parte trasera de su pantalón blanco.
Ni la pantomima posterior, ni el cliché del pantalón blanco, ni la obvia naturaleza artificial de la mancha impidieron que medios de toda Latinoamérica reprodujeran el clip con títulos como “el accidente de Jujuy Jiménez” o que el debate acerca de los tabúes que rodean a la menstruación fuera el tema del día en las redes sociales. Esto último resulta especialmente llamativo, ya que estos son los mismos espacios que se escudan en un supuesto escepticismo y capacidad crítica para poner en duda cuestiones cruciales como la efectividad de las vacunas y aquí, frente a un evidente ardid publicitario no expresaron ni la más mínima desconfianza.
Al otro día, cuando las conductoras revelaron que se trataba de una “campaña de concientización” llevada a cabo por una empresa multinacional que realiza productos de gestión menstrual descartables, Jujuy subió una foto a su Instagram sosteniendo su pantalón salpicado con pintura escribió:
“Sigo en shock. Necesito agradecer de corazón a todos los que empatizaron con la situación que interprete ayer (&#8230;) No hice más que ponerme en la piel de la mayoría de mujeres que vivimos la menstruación y que más de una vez nos sentimos avergonzadas, observadas, juzgadas POR ALGO QUE ES NATURAL EN LA MAYORÍA DE NOSOTRAS LAS MUJERES. (&#8230;) Confío y deseo de corazón que todo esto sirva de algo, que DEJE DE SER TABÚ, ¡y sobre todo que se hable de esto en las escuelas y eduquen a los niños para que se naturalice desde la infancia y ninguna tenga que faltar por qué le de vergüenza! #NormalicemosLoNormal”
En 2020, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en tener leyes de provisión gratuita de productos de gestión menstrual cuando el Municipio de Morón aprobó una ordenanza para destinar recursos públicos a su compra y distribución.
Hoy, más de 30 municipios y 4 provincias cuentan con algún tipo de iniciativa destinada a abordar la problemática del acceso a estos bienes de primera necesidad. A su vez, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada hace más de 15 años, contempla el trabajo pedagógico sobre la menstruación desde una perspectiva no estigmatizante.
Estos derechos, como todos, son producto del trabajo de activistas que reclaman y sostienen su reconocimiento y garantía. ¿Por qué, entonces, esta campaña publicitaria se retrató como un puntapié inicial para generar mecanismos de acción sobre el acceso a productos de gestión menstrual e información acerca del ciclo? ¿Por qué los mismos medios que cubrieron las campañas activistas y los avances legislativos durante años abonaron a esta narrativa de manera contradictoria con sus mismas publicaciones? ¿Por qué Jujuy se posiciona a sí misma como una pionera y exige que “se hable en las escuelas” en un país en el que miles de docentes se capacitan en ESI todos los años? ¿Por qué ni la multinacional ni los medios se apoyaron en el trabajo de quienes efectivamente “pusieron el tema en agenda” con los argumentos necesarios para que Argentina sea un país que incluyó la desigualdad menstrual en su larga tradición vanguardista materia de derechos humanos?
En ¡Denuncia!, su último libro editado en el país, la filósofa Sara Ahmed introduce la noción de acto no-performativo para describir actos de habla institucionales que no efectivizan lo que nombran. Decir sin hacer. En este caso, el concepto podría aplicarse a una multinacional que, ante los reclamos de un movimiento de escala global que reclama por el acceso igualitario a medios para gestionar la menstruación, elige poner a una modelo con un pantalón manchado en un programa de televisión en vez de, por ejemplo, donar dinero a las activistas que llevan a cabo acciones educativas y de provisión de productos en territorios vulnerados, de incidencia legislativa y de producción de conocimiento. De esta forma, se muestran preocupados y comprometidos con una situación sin hacer nada para revertirla.
Además, si hablamos de la necesidad de eliminar un estigma que invisibiliza la relación entre la gestión menstrual y el pleno acceso a la salud, no se puede obviar el rol que las marcas de “higiene femenina” han tenido en el usufructo y consolidación de dicho tabú al basar sus campañas en la eficiencia de sus productos para ocultar la menstruación.
Si combinamos la idea de acto no-performativo con la de que, dentro de un movimiento de liberación la priorización de los elementos comunes lleva a que se ponga en primer lugar lo que incumbe a los menos oprimidos de los oprimidos, podemos pensar que la mancha puede mostrarse en TV no tanto por lo que produce, sino justamente por lo que no. Dentro del activismo menstrual, la mancha azul de las publicidades de toallitas y tampones, así como la censura sobre la mancha de menstruación en el espacio público siempre fueron un ejemplo, nunca una exigencia. Jamás entre los reclamos del activismo menstrual existió la consigna “no queremos mancharnos más” o “pongan manchas rojas en las publicidades”.
En cambio, sí se ha trabajado exhaustivamente sobre la necesidad de realizar estudios acerca del posible riesgo derivado de la exposición química a largo plazo por el uso de productos descartables o de la evaluación del impacto ambiental de la producción de estos productos —que implican el desmonte de selva nativa para el establecimiento de monocultivos de pino— y su descarte —que conlleva la generación de toneladas de residuos no-biodegradables—, todos asuntos que un sketch en el que una modelo mancha su pantalón blanco en prime time no ponen en cuestión.Para terminar, Ahmed señala que “un gesto en público es posible porque es algo que se puede retirar fácilmente a puertas cerradas, que es donde en general tienen lugar las denuncias”.
Un gesto, entonces, no es un compromiso. Jujuy no empezó a ir con el pantalón manchado a otros lugares. La multinacional no discute en sus reuniones de directorio cómo gestionar los residuos que generan sus productos. ¿Qué cambió? Ahmed nos recuerda que, ante un problema, un gesto, lejos de ser disruptivo, puede ser un lugar seguro mientras el problema esté en otra parte.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo y Economía Femini(s)ta, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.]]></content:encoded>
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                        <title>¿El FMI es feminista? La (in)sostenibilidad de la deuda y de la vida</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:33:35 +0000</pubDate>
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Estamos viviendo momentos turbulentos en la economía argentina que se relacionan directamente con las imposiciones y las voluntades del Fondo Monetario Internacional (FMI). Más allá de la corrida cambiaria, y su efecto en la inflación que disminuye el poder adquisitivo de los ingresos, las muestras de estancamiento económico y falta de perspectiva de recuperación de los ingresos de las mayorías impactan diferencialmente en las mujeres y las disidencias.
Argentina tiene una larga historia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional: desde que ingresamos al Fondo pasaron más de 66 años y estuvimos bajo programas del organismo más de 42 de ellos. Sobra la evidencia empírica para afirmar que las recetas económicas que nos impone el organismo no implicaron un desarrollo del país, sino que derivó en recurrentes ciclos de recesiones económicas, en los que la implementación de las recetas solicitadas por el FMI llevó a un empeoramiento de indicadores económicos.
En 2018, después de quince años sin acuerdos con el organismo, se firmó un acuerdo por 50 mil millones de dólares, ampliado a 57 mil millones de dólares 4 meses más tarde. Esta cifra significó un hito en la historia del FMI ya que fue el préstamo más alto de la entidad, excediendo un 1100% los montos asignados según la cuota aportada. A su vez, fue el primer acuerdo firmado que incluyó un apartado de género lo que nos obliga a cuestionarnos sobre la perspectiva que involucra el mismo.
En un análisis realizado por las economistas Corina Rodríguez Enríquez y Diane Elson sobre la perspectiva de género del FMI, se reflejan las diversas contradicciones que presenta el acuerdo firmado. En primer lugar, las autoras remarcan la perspectiva del Fondo de enfocarse casi exclusivamente en impulsar el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Rodríguez Enríquez y Elson cuestionan que esta nota no advierte clara y concretamente cuáles serían las medidas para avanzar hacia una mayor igualdad de género.
En segundo lugar, las autoras critican que la entidad plantea la igualdad de género como algo instrumental y no como un fin en sí mismo, por lo que queda claro que el FMI sólo prioriza el crecimiento económico y la reducción del déficit fiscal, dejando a la igualdad de género en un segundo plano. A su vez, se mencionan únicamente los derechos comerciales de las mujeres, perdiendo la visión interseccional que tiene en cuenta la relación entre las desigualdades de género, socioeconómicas y étnico/raciales.
El FMI percibe a las mujeres como un grupo homogéneo, lo que está muy alejado de la realidad argentina donde encontramos una brecha promedio similar de participación en el mercado laboral (tasa de actividad) entre varones y mujeres y entre las mujeres que viven en hogares de mayores ingresos y las de menores ingresos, que se acerca a los 20 puntos porcentuales.
En tercer lugar, si bien el FMI dedica un capítulo de género en el acuerdo, el mismo es contradictorio con el resto del documento que condiciona el ajuste fiscal en pos de un déficit fiscal “sano” que contribuya al crecimiento económico que pueda “derramar” en el resto de los sectores económicos. El año pasado y el anterior creció el PBI argentino, pero esto no significó una redistribución de los ingresos y mucho menos un derrame que beneficie a las mayorías.
De esta manera, queda clara la contradicción con la implementación de políticas públicas sugeridas en dicho apartado. Implicaría que el Estado tenga que asignar recursos económicos y, por ende, redireccionar la inversión estatal en dichas medidas y no en mejorar infraestructuras que supongan una organización social del cuidado más justa, por ejemplo.
En cuarto lugar, el FMI reconoce la existencia de los trabajos domésticos no remunerados, pero los ve únicamente como un obstáculo para el crecimiento económico. A diferencia de la visión de la Economía Feminista, que remarca el rol sistémico de estas tareas, que son imprescindibles para la sostenibilidad de la vida y de nuestras economías, el FMI plantea que estos trabajos dificultan el crecimiento económico. De esta manera, se limita a sugerir intervenciones aisladas y acotadas que, además, pretende hacer compatibles con la austeridad fiscal. Esto es sumamente contradictorio debido a que las políticas de austeridad fiscal, por lo general, conllevan a una sobrecarga aún mayor estos trabajos sobre las mujeres.
Los estallidos y las crisis tienen un efecto negativo en la vida de las grandes mayorías y tiene sentido a priori querer subsanar eso primero. Sin embargo, no mirar lo que se esconde detrás de cada estallido y querer resolver repetidamente sólo una parte del problema, implica que las economías seguirán estallando y que la sostenibilidad de la vida quedará siempre en un plano invisible o subalterno.
Lo que, es más, crecer económicamente, como sucedió en 2021 y 2022 no conlleva necesariamente a que haya mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.
Como venimos mencionando desde Ecofeminita, es necesario incorporar la perspectiva de género de manera transversal a la hora de pensar las crisis y las formas de superarlas. Las mujeres tenemos peores condiciones de vida que los varones y esto se debe principalmente a la sobrecarga de trabajos reproductivos que posibilitan nada más y nada que el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo yEcofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.]]></content:encoded>
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                        <title>Fuerte advertencia del colectivo LGTBIQNB+ a Milei: “¡Al clóset y la cárcel no volvemos nunca más!”</title>
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                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:31:51 +0000</pubDate>
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La denuncia de que “los discursos de odio y silencios cómplices generan crímenes de odio”; el reclamo de justicia por la Masacre de Barracas; el fin de la impunidad judicial; el rechazo a la Ley Bases, al DNU 70/2023 y al desfinanciamiento de las políticas públicas de reparación y promoción a las diversidades; la sanción de una ley que desaliente y condene a la discriminación por identidad y expresión de género y de otra que amplíe derechos a las personas trans; el respeto al cupo laboral en el Estado nacional.
Esas fueron lasprincipales demandasqueorganizaciones y activistas LGTBIQNB+ llegados a Rosarioeste fin de semana largo desde distintos sitios del país consensuaron como prioridades de su agenda en comúnfrente a un Estado nacional que, desde que es administrado por La Libertad Avanza, el PRO y otros sectores antiderechos, los tiene como uno de los objetivos de ajuste, represión institucional y estigmatización social.
Unes1000 militantes de alrededor de unos 200 colectivos procedentes de 21 provinciassumaron a una ciudad que alberga el monumento celeste y blanco que homenajea el espíritu de la Independencia y la Libertad -visitado el jueves pasado por el presidente Javier Milei, lo que causóprotestas y repudios– el multicolor de sus respectivas banderas identitarias.
Los convocaron múltiples desafíos y dos certezas, que plasmaron a lo largo delVI Encuentro Nacional LGTBIQNB+,el primero en 25 años que retoma una tradición iniciada hace casi tres décadas en Rosario: pondrán “las cuerpas” en defensa de los derechos conquistados y los que les restan por obtener y “¡a los closets y a la cárcel no volvemos nunca más!”
“Hoy más que nunca necesitamos defendernos porque estamos siendo nuevamente atacadxs por un proceso político, social y cultural de violencia contra nuestras existencias, identidades y derechos”, expresó uno de los pasajes más relevantes de la declaración, leída tras laMarcha que recorrió el centro rosario y dejó el eco de sus reclamos en dos instituciones icónicas de esta ciudad: la Catedral y el Monumento Histórico Nacional a la Bandera.
El documento consensuado por lasorganizaciones anfitrionase invitadas pretendió cohesionar y robustecer el posicionamiento político que vienen exhibiendo los colectivos LGBTIQ+, en particular las personas trans y lesbianas, ante el Gobierno nacional encabezado por Milei. Se nutrió de las reflexiones de los36 talleres y un número no preciso de conversatoriosque poblaron la agenda del viernes y parte de la del sábado. La coordinación -consignó a Somos Télam- se abocará en los próximos días a laelaboración de un texto final, el cual buscará sintetizar y amalgamar las conclusiones de los debates -por momentos, álgidos- de las, les y los participantes.
El Encuentro dejó en claro que, pese a la saña de la que son objeto, la violencia que padecen las personas LGTBIQNB+ acontece se da “en el marco de una agresión brutal a todo el pueblo argentino”.
“Nuestra comunidad-agregó el documento preliminar-,que ya sufre exclusión del trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, el deporte, el bienestar, hoy está siendo muy afectada por el aumento de la pobreza y la indigencia, y por la destrucción de todas las políticas de asistencia, como la alimentaria”.
Travestis, feminidades y masculinidades trans, maricas, putos, gays, tortas, lesbianas, pansexuales, asexuales, no binaries, queers, bisexuales, intersexuales y demisexuales celebraron durante tres días que el reencuentro sirviese “para aprender de nuestra diversidad; para visibilizar y acompañar cada una de nuestras luchas; para interpelarnos sobre nuestras propias desigualdades de clase social, racialidad y género; para celebrar nuestras vidas y activismos; para reflexionar sobre nuestros propios errores, defectos y límites como movimiento; para construir las mejores estrategias y acciones colectivas para seguir luchando y reconstruir comunidad junto a todes”.
En tiempos anarco libertarios que pretenden instaurar la supremacía del individuo –vocesdel Encuentro lo identificaron como blanco, cis, héteronormativo y patriarcal- frente a los lazos comunitarios, las 1000 personas reunidas en Rosario dejaron una fuerte interpelación al interior de su movimiento:“Seamos más solidaries, menos individualistas, que nos duela como si fuera propia cada exclusión y violencia contra cualquiera de nosotres”.
En ese párrafo resonó el triple lesbicidio ocurrido el 6 de mayo en el barrio porteño de Barracas -una cuarta mujer logró salvar su vida-, la desaparición -ocurrida el 11 de marzo de 2021 en el conurbano bonaerense- de Tehuel de la Torre, y el travisticidio de Sofía Peralta -11 de abril de 2023- presuntamente en manos de 10 policías bonaerenses. Fueron tres de los casos que atravesaron el Encuentro. Pero no los únicos.Cada vez que en una actividad colectiva irrumpió el grito “¡ahora y siempre!” los nombres de víctimas de cada uno de los territorios presentes fueron exclamados en un ejercicio conmovedor de memoria latente.
Hubo un segundo apartado de la proclama que inscribió en un contexto de restauración neoliberal los discursos y acciones odiantes, y la deserción del Estado nacional de sus funciones indelegables: “Nuestras luchas son parte de las luchas de todo un pueblo por Derechos Humanos, equidad, igualdad y justicia social”.
Los partidos políticos, gremios y demás actores que integran el amplio polo de la oposición al Gobierno de Milei también fueron interpelados en la responsabilidad que les cabe por el ciclo que se inició en diciembre pasado. “Les recordamos a las dirigencias de la democracia que nuestras existencias y derechos no se negocian, que esperamos y luchamos muchísimo, que seguimos excluides y que nuestras cuerpas no aguantan más”.
“¡Ya los fascistas que nos odian, que nos quieren volver a desaparecer, les decimos con nuestra presencia y militancia que acá estamos, codo con codo, en resistencia, y acá nos quedamos!”, concluyó la declaración, que cerró una jornada en la cual la población rosarina y los turistas vieron como el cielo plomizo y la garúa sabatina se eclipsaban al son de los rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, pero también de los marrones, negros, celeste, rosa en sus variaciones cromáticas, púrpura, lavanda, blanco, gris y otros tantos que, desde el fondo de sus gargantas abiertas y exultantes, cantaban y gritaban “¡Milei, vos sos la dictadura!”, “¿Dónde está Tehuel?”, “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan travestis en la cara de la gente!”, “¡Pamela, Roxana y Andrea, presentes!”]]></content:encoded>
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